miércoles, 2 de diciembre de 2009

¿Está ya aquí 1984?

Hoy han corrido ríos de bytes sobre la nueva propuesto del Gobierno acerca del desarrollo sostenido, sección cultura.

Una mente preclara ha parido el manifiesto fusilado aquí abajo y del que estoy más o menos de acuerdo con ciertas reservas, por que mis queridos amigos, aquí realmente nadie está hablando de cultura, aquí de lo que hablamos es de dinero, de mucho dinero, de modelos de negocio caducos, como bien señala mi querido doctor con nombre de avión, y sugiere el sr. SuperSantiEgo.

Para muestra este botón audiovisual que salió ya hace un tiempo para preparar lo que ahora se nos avecina



Si estuviéramos hablando de cultura hablaríamos de las obras huérfanas, del tiempo en que una obra crea derechos de autor (ahora que me doy cuenta sinonimizo derechos de autor y pasta, como si el único derecho que tiene un autor sobre su obra es el pasar por caja cada cierto tiempo); si una compañía debe o no ser propietaria de derechos de autor, si las películas subvencionadas por el gobierno de turno deben pasar automáticamente a dominio público, y por la patilla, ya que ya han sido pagadas con el dinero de todos (o quizás la pasta sacada por recaudación deberían volver a las arcas del estado).

En fin, se debería hablar de esas cosas pero ninguna de las dos partes las hace así que, mis queridos lectores, he aquí el manifiesto tal y como me lo han pasado, y que suscribo con ciertas reservas:

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”


Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

 3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

 4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

 5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

 6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.


7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.


8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.